Quiénes somos

América Latina Indignada: sur, centro y norte. Movimiento internacional. 

Somos pueblos hermanos con enemigos comunes, juntxs podremos más

La plataforma de América Latina Indignada nace para dar respuesta a la permanente postergación de los derechos fundamentales de nuestros hermanos y hermanas de la región, dándose en medio de un contexto de explotación y expoliación de los recursos naturales en todo el continente, poniendo en peligro la supervivencia de los pueblos originarios y los medios que hacen posible la vida en esta parte del planeta.

Dicha postergación es el resultado de siglos de relaciones desiguales y de perspectiva de construcción occidental, que ha colocado al hombre por encima de todos los seres y elementos de la Tierra, poniendo en peligro a la misma humanidad y su relación sinérgica-holística con la diversidad de vida que hay en la naturaleza.

Un hecho que amplifica lo dicho es la imposición de modelos económicos neoliberales, en las últimas tres décadas, con un fuerte carácter  extractivista de recursos no renovables, “renovables” y “biorenovables” en toda América Latina.

Desde discursos diferentes, dichos modelos han sido promovidos y respaldados por gobiernos de tendencia neoliberal o de derecha, así como de los que se manifiestan abiertamente “socialistas” o de izquierdas, justificando estos últimos la actividad extractiva como fuente de ingresos, y encubriéndose en la desatención de la deuda social histórica cuyas promesas han sido alimentadas por irreales mecanismos de redistribución de ingresos.

Se trata de modelos extractivos que vienen impuestos por la participación de transnacionales extranjeras de procedencia tanto norteamericana (México, EEUU y Canadá) como europea, y últimamente una brasileira. Entes capaces de generar presión sobre el BM, el FMI y la Corporación Financiera Internacional, para que se les abran créditos y desatar mecanismos de presión a los Estados correspondientes para que éstos puedan operar en sus territorios. Estos modelos son exportaciones del modelo de “desarrollo” y estilo de vida promovidos en los países importadores de materia prima e insumos industriales de primera base (países industrializados).

Casi en la totalidad de casos, la realización de los mega- proyectos extractivos por parte de las transnacionales, ya sean mineras, de gas o petróleo, hidroeléctricas, tala de árboles etc., han terminado por incidir e impactar con una fuerte presión sobre los ecosistemas frágiles y las comunidades ubicadas en los lugares donde se quieren extraer los recursos. No escatiman en esfuerzos para aplicar estrategias de toda índole con el fin de obtener estas materias, incluyendo invasiones, la tejedura de cierta ideología capitalista, la provocación de golpes de estado o desatar procesos de gobierno autoritarios en países proveedores de dichos recursos. De este modo, las jefaturas de Estado se convierten en responsables de amenazas, persecuciones, arrestos ilegales, asesinatos, intimidación y hostigamiento y la declaración de estados de emergencia ilegales; situaciones que pueden llegar a calificarse como terrorismo de estado con el empleo de la violencia de las fuerzas de seguridad estatales y manipulación de los medios de comunicación para desinformar lo que ocurre en la realidad. Al mismo tiempo se fomenta la división de las personas y las comunidades,  la emigración, el debilitamiento de las familias y la corrupción de algunxs tomadores de decisiones locales o líderes comunales.

La imposición del modelo extractivista en el contexto de América latina, a lo largo de estas décadas,  ha ido variando en su forma y dinámica pero sin alterar su función y objetivo principal,  considerando a la región como gran almacén de recursos naturales, seguros, baratos y de “fácil acceso”.  Esto ha provocado como efecto adverso hacia las poblaciones el empobrecimiento y deterioro de sus medios de vida y el entorno, al mismo tiempo que el incremento de deudas públicas o deuda externa, creando mapas de grupos sociales vulnerables y expuestos a riesgos diversos, como el deterioro de la salud, escasez de alimentos o alimentos OGM, desalojos ilegales de vivienda y tierras, contaminación general y erosión de suelos etc. Impactos directos que son sufridos con mayor incidencia por parte de las mujeres y niñxs de muchos de estos pueblos, tanto a nivel de salud psicofísica como de exposición de sus derechos más fundamentales.

Agudizando aún más la problemática, se han dado de modo sistemático y análogo iniciativas para la creación de una infraestructura regional sudamericana (carreteras, puertos, centrales hidroeléctricas etc.), para permitir el flujo y transporte de recursos naturales con inversiones privadas autorreguladas, así como sistemas legislativos ambientales decorativos para facilitar el ingreso de las transnacionales a territorios donde viven pueblos originarios y darle cierta legalidad; con el correspondiente detrimento de los territorios cuidados y protegidos por los pueblos originarios.

De esta manera, con la imposición de la actividad extractivista, que beneficia a unxs pocxs, se prioriza y propicia un modelo de injusticia, que provoca también guerras entre países hermanos y entre comunidades. Se incentivan la dominación, explotación y  crímenes ecológicos de diversa magnitud y carácter, y la intromisión de modelos culturales basados en la relativización de un crecimiento empobrecedor, que atenta contra las tradiciones,  formas de vida sustentables basadas en saberes, tecnologías y valores sociales construidos ancestralmente, y modelos económicos locales sostenidos en la complementariedad, solidaridad, relación sinérgica con el entorno, los ecosistemas y la naturaleza, que en tiempo se han adaptado al nivel de las necesidades humanas en relación con la Madre tierra. También esta actividad expoliadora busca corromper y debilitar las fortalezas y capacidades de comunidades enteras, que en muchos casos están bien organizadas y defienden con pleno derecho sus medios de vida, incluso exponiendo sus propias vidas.

Por otro lado, la mencionada violencia ha sido posible gracias a gobiernos títeres que no han tenido mayor escrúpulo que firmar acuerdos de libre comercio que benefician a los países importadores de las materias primas extraídas en América latina, convirtiéndose así en guardianes de sistemas extractivistas que protegen sus intereses al coste de la integridad de los derechos fundamentales, y la seguridad de las poblaciones afectadas; lo que les convierte en gobiernos fallidos y contrarios a los intereses de sus conciudadanxs. Dichos gobiernos han permitido la obtención, por parte de las transnacionales, de derechos ilegítimamente adquiridos así como la libre explotación y expoliación de recursos, restando con ello derechos a las comunidades afectadas, que han sufrido una clara desterritorialización al ser invadidas o expulsadas de su territorio, haciéndoles sentir desprotegidas por parte de sus respectivos gobiernos de turno. Muchas transnacionales incluso han pasado a tener cierto control del territorio colocando fronteras agroindustriales y cerrando el paso  a los circuitos de comunicación de los pueblos originarios, bajo el vigilancia de paramilitares o guardias particulares.

No obstante, no les ha sido fácil imponer estos modelos extractivistas a los gobiernos títeres junto con las transnacionales,  puesto que han surgido movimientos de resistencia por parte de pueblos originarios y comunidades enteras para defender sus medios de vida y entorno, tanto a nivel local como regional, siendo víctimas del avasallamiento de las fuerzas militares y públicas de estado, pero que, como el ave fénix, han renacido de sus cenizas para continuar reivindicando sus derechos: una justicia sensible y equitativa, economía sostenible y de respeto a sus medios de vida, así como, sobre todo, la protección y cuidado de la Madre tierra bajo sus guardianes ancestrales, los pueblos originarios. Los diversos gobiernos de turno han actuado de aquel modo a sabiendas que nada sostiene el impedimento y la criminalización de las mismas, que son la expresión y ejercicio de un derecho fundamental, cuando se dan situaciones de injusticia y destrucción del entorno y de los medios de vida en la mamapacha.

Todas las dinámicas de violencia desatadas hacia los pueblos y comunidades afectadas por la aplicación de mega-proyectos extractivos, arroja y confirma que los estados no han puesto mayor empeño en desarrollar marcos legislativos para proteger al medio ambiente y los Derechos Humanos, e incluso no han terminado de ratificar los acuerdos internacionales, que sostendrían dichas estructuras de protección y seguridad. Por el contrario, lo que si existe son sistemas legislativos débiles, ineficientes y apolillados por la corrupción, que permiten un radio de actuación demasiado amplio para que las transnacionales  operen con impunidad, sin ser juzgadas, ni forzadas a asumir sus responsabilidades correspondientes por la vulneración de derechos de las comunidades y pueblos originarios.

En cuanto a los tratados internacionales, las transnacionales, junto con los gobiernos corruptos, han desarrollado una serie de mecanismos con el fin de proteger sus actividades extractivas en detrimento de las poblaciones afectadas, como la modificación del marco legislativo de los Derechos Humanos. Así lo confirman las relatorías y comunicados lanzados desde comisión internacional de comercio que han terminado por elaborar dispositivos legales que permiten a las grandes compañías trasvasar el derecho a consulta de los pueblos. Lo que significa que si bien muchos países han firmado y ratificado el convenio 169 de la OIT[1], la gran mayoría no lo cumple.

Incluso en el año 2002-03, el Banco Mundial lanzó un informe sobre las industrias extractivas en el que se especificaba que los proyectos extractivos no podían ejecutarse sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, recomendación que, tras la presión de los gobiernos  y de las transnacionales mineras, fue modificado el consentimiento por consulta, contraviniendo el art 32 de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dicho informe emitido por el Banco Mundial fue adoptado por muchos estados como aval para criminalizar las protestas sociales a través de la militarización, la declaración de estado de emergencia, así como la aplicación e interpretación de leyes por parte de fiscales y jueces para adaptarlas a las necesidades de las transnacionales.

Lo paradójico de todo ello, es que los estados tienen como obligación respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos bajo responsabilidad internacional, lo que significa que tienen que abstenerse de cometer abusos, y no avalar los realizados por agentes no estatales, así como garantizar y poner los medios para realizar un trabajo de investigación de las violaciones de derechos fundamentales; sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas, y tomar las medidas necesarias para que tales violaciones no vuelvan a repetirse. El Estado, con su gobierno de turno, se convierte en garante del cumplimiento de acuerdos que se hayan pactado entre el Estado y los pueblos originarios o las comunidades o los convenios internacionales de respeto de Derechos consuetudinarios y civiles. Parece que en el marco teórico, a nivel de derechos civiles y políticos, muchos estados tienen claras estas consideraciones; sin embargo, en la práctica, estas obligaciones son opacas y confusas cuando se trata de hallar responsabilidades, al incurrirse en la violación de derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos; sobre todo cuando se aplican grandes proyectos de “desarrollo” con el robo y uso de territorio, al medio ambiente y la mamapacha.

Ante todo lo expuesto:

  • Reclamamos y demandamos alternativas que estén acordes con los saberes y prácticas de nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos y sistemas productivos, enmarcados en una política y economía del buen vivir, frente a proyectos destructivos e irrespetuosos con el medio.
  • Exigimos y exhortamos que se den sistemas legislativos que integren el convenio.169 de la OIT y del art. 32 de la ONU respecto del derecho de los pueblos originarios, y se hagan efectivas, permitiendo a las comunidades y pueblos originarios decidir acerca del modelo de desarrollo que quieren para sus comunidades, teniendo conocimiento del por qué y para qué se aplican determinados proyectos o por qué se les hace partícipes de las misma, frente a sus medios de vida y  cuidados del entorno.
  • Reclamamos el cambio de noción de trabajo capitalista por labor- trabajo de las mujeres, en medio de un equilibrio entre la producción y reproducción, dinámica no exclusivamente propia de las mujeres; sostenidas bajo sistemas legales y redes de seguridad que garanticen las libertades públicas, organizacionales y de protección social ante los espacios del buen vivir y derechos humanos laborales y de equidad.
  • Reivindicamos el derecho al uso de los espacios públicos en las ciudades, como de reuniones participativas y gestión democrática horizontal, que permitan a los pueblos desarrollar sus ágoras respectivas, que desde la inteligencia colectiva puedan llegar a consensos plausibles para permitirles crecer y participar de asuntos públicos, políticos, económicos, culturales y cosmovisiones particulares que le son de su competencia. Todo ello sin sufrir ni tener ningún tipo de obstáculos que les tipifiquen como acciones criminalizables.
  • Reclamamos una economía cooperativa, solidaria basada en la soberanía alimentaria, lejos de todo tipo de OGM, y  decrecimiento  de la acumulación de bienes comunes, dentro de un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, que cambie la matriz energética, frente al sistema e infraestructura del actual modelo agro-urbano-industrial.
  • Defendemos los bienes comunes y pedimos la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza, así como el respeto a la solidaridad comunitaria y cosmovisión, espiritualidad de cada pueblo. Y la devolución de los territorios usurpados.
  •  Exigimos que se investigue y condene a lxs responsables de muertes de personas inocentes, se liberen a lxs que han sido arrestadxs de modo ilegal, y la cancelación de proyectos inviables en los territorios de los pueblos originarios y comunidades.
  •  Pedimos una auditoría y condonación de la deuda histórica y externa; de modo que sea ésta pagada por lxs responsables de la misma, quienes la han generado privilegiando intereses particulares en detrimento del bien común, el pueblo que no se ha visto beneficiada con ella.
  • Exigimos que se implemente y se respeten Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra .
  • Promovemos la creación de una plataforma regional para unificar flujos de comunicación y socialización de la política del buen vivir, así como promoción, fortalecimiento y difusión de la conciencia como colectivo y comunidad, desde la inteligencia colectiva, uniendo intereses comunes por encima de los particulares, en un pleno reconocimiento de todxs los miembros en igualdad de condiciones y donde la toma de decisiones se haga de modo horizontal y consensuada. TODXS SOMOS NECESARIOS!!

·


[1] Dicho convenio alcanza a los pueblos indígenas sobre la viabilidad de decidir acerca del modelo de desarrollo que quieren para sus comunidades, que no entre en conflicto con las decisiones del estado, a través de una consulta previa que tiene como objetivo lograr el acuerdo o consentimiento de los pueblos cuando se quiere aplicar un megaproyecto que implica a sus contextos y medios de vida.

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